CONDUCTAS Y ACTITUDES DE LA CLASE POLÍTICA

1. Es inevitable abordar el tema de los actos de corrupción y conductas impropias de algunos políticos que en los últimos días se han difundido por diferentes vías.

Se ha vuelto común enterarnos sobre las denuncias hacia exgobernadores y expresidentes municipales por el manejo indebido de recursos. No es una novedad pero cada vez ha ido más en aumento. Desde hace un tiempo   hemos visto como han sido acusados los gobernadores de Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Michoacán, Coahuila, Nuevo León y Puebla; todos han seguido un rumbo distinto pero la sociedad se ha quedado con la duda fundada sobre su desempeño.

2. Ahora, tenemos el caso de Andrés Granier, priísta, que gobernó Tabasco en el periodo 2007-2012. Al mismo tiempo de que es acusado por actos de corrupción aparecen reportajes señalando la precariedad del sistema de salud en el estado; más aún, se da a conocer una grabación donde el exgobernador presume tener 400 pares de zapatos, 300 trajes y 1000 camisas. Posteriormente, se decomisa la cantidad de 88.5 millones de pesos en efectivo presuntamente al exsecretario de finanzas de su gestión.

3. A quien también se le sigue un proceso judicial es al exgobernador de Aguascalientes: Luis Armando  Reynoso Femat, panista, por la compra de un tomógrafo por un valor de 13 millones de pesos que no fue entregado. El exmandatario estatal había cobrado relevancia por un video que muestra el derroche de dinero en la fiesta de su hijo.

4. Hace unas semanas pudimos ver el caso de #LadyProfeco; en el cual, la hija de Humberto Benítez Treviño, extitular de la Profeco, había pedido a inspectores que cerraran un restaurante porque no le habían dado la mesa que ella quería. El escándalo se prolongó cuando la Secretaría de la Función Pública sólo había castigado a cuatro funcionarios y no encontraba responsabilidad a Humberto Benítez. A final de cuentas, el presidente Peña Nieto lo destituyó.

5. Posteriormente salió a luz pública, el caso del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro Góngora Pimentel que había mandado a la cárcel a su exesposa,  madre de dos hijos autistas para negarse a pagar le pensión alimenticia.  

6. Y recientemente, tenemos el caso de #LadySenadora Luz María Beristain Navarrete, del PRD, que en un video arremete contra una empleada de una línea aérea. Después apareció otro video donde discute con un policía. Finalmente, en las redes sociales se divulgó una foto donde aparece dormida en el senado.

7. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Estamos hablando de la acción u omisión de un servidor público o de una persona natural que usa y abusa de su poder para favorecer intereses particulares, a cambio de de una recompensa o de su promesa, dañando así el interés público y/o el de la entidad privada en la que labora que es propiamente la definición de la corrupción que nos ofrece Edmundo González Llaca.

Entonces, si estamos hablando de corrupción estamos haciendo referencia a alterar o echar a perder la forma de una cosa; en este caso, el ejercicio del poder en un Estado Democrático.

8. ¿La corrupción es una característica de la clase política mexicana? Ésta es una pregunta muy importante que la clase política debería estar ávida de responder y no esperar a que se genere una opinión pública con esta idea.

Con clase política nos referimos al grupo de personas dirigentes que solemos identificar con el nombre de políticos y que van ocupando diferentes cargos ya sea de elección popular o como servidores públicos. Alguien podría hacer una acertada observación de que si somos una democracia, el poder reside en el pueblo y por lo tanto, no debería existir esta distinción de una clase gobernante y una clase gobernada. Aunque es verdad,  en los hechos desde el mismo pueblo se van conformando diferentes grupos que compiten por el poder, a esos grupos les llamamos poliarquías.

9. ¿Por qué se da la corrupción en la clase política? Es una pregunta muy difícil de responder, pero algunos dirán que debe a la condición humana y otros, por las condiciones sociales, económicas y políticas  de nuestro país.

Sus causas pueden ser muchas pero me gustaría detenerme en la social porque es donde propiciamos e incentivamos el abuso del poder. En nuestra sociedad es común la creencia de que si se ocupa un puesto importante se puede evitar cumplir con las disposiciones legales o se puede tener un trato privilegiado.

Si se tiene una cargo o un título relevante, tanto en el ámbito privado como público, se considera que esta eximido del cumplimiento de normas o leyes; por lo tanto, la aplicación de la ley es para los demás, para los que están por debajo, para el resto, para los que no son iguales. Este es un error que denota ignorancia o en el peor de los casos, perversión porque en un Estado Democrático o Estado de Derecho todos estamos obligado al cumplimiento de la Ley. Más aún, si estamos intentando construir una sociedad más ordenada y civilizada debemos de crecer en educación, en formalidad, profesionalismo  y respeto.

10. ¿Qué nos falta para terminar con la corrupción? Naturalmente nos falta fortalecer una ética pública pero sin lugar dudas, también los mecanismos para prevenir o en su defecto sancionar la corrupción  desde las instituciones y también con la participación de los ciudadanos.

Aunque la alusión a la ética pública se puede prestar a la discusión; podemos estar todos de acuerdo en la necesidad de dotar de contenidos morales a nuestra vida en común, principalmente por parte de quienes ocupan un cargo de elección popular y servidores públicos.

Pero tampoco seamos ingenuos, necesitamos, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos institucionales para prevenir la corrupción y cuando a pesar de ello  se siga dando, los procesos que nos lleven a castigarla y evitar la impunidad. Es en los estados donde se debe trabajar más en este pendiente porque no está siendo suficiente lo realizado por los congresos locales. 

Entre estos mecanismos debe tomarse en cuenta la participación de la ciudadanía. Ciertamente mejorando el acceso a la información pero adoptando nuevos modelos de seguimiento y de sanción política.

El reto ahí está. ¿La clase política será capaz de actuar a tiempo?